lunes, 29 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, 100500 Fallo de la Jueza Stella Jubette

En un fallo de 24 carillas la Jueza Estela Jubette, del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2do Turno, hecho por tierra todas y cada una de las argumentaciones políticas y jurídicas con que la Administración del Dr. Sanguinetti, intento eludir investigar sobre el destino de una víctima de desaparición forzada y sentó importantisima jurisprudencia sobre estas situaciones aún sin solucionar en el Uruguay. En un fundamentado y valiente fallo, que culmino con os aplausos de la concurrencia, la Dra. Jubette dictamino el amparo a Tota Quinteros a saber cual fuese el destino de su hija Elena Quinteros, ordenando que el Poder Ejecutivo en un plazo de 10 días, de cabal cumplimiento al articulo 4to de la ley de caducidad y a las disposiciones de la la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. En la misma sentencia la Dra. Jubette estableció que la misma debía cumplirse en el plazo de 10 días, sin efectos suspensivos, ante un eventual acto de apelación para el cual el Poder Ejecutivo. leer más "Montevideo, 10 de mayo de 2000. S E N T E N C I A No 28. VISTOS: Para Sentencia Definitiva de Primera Instancia, estos autos caratulados "ALMEIDA DE QUINTEROS MARIA DEL CARMEN C/PODER EJECUTIVO (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL) A M P A R 0 . Ficha 216/99. R E S U L T A N D 0: 1 ) Que a fs 3. Compareció la Sra. María del Carmen Almeida de Quinteros a empezar acción de amparo contra eI Estado- Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional- por una alegada omisión de éste en la investigación del paradero de su hija desaparecida, la maestra Elena Quinteros, y en síntesis expresó: a.- Que su hija fuese detenida en el año 1976 por la fueserzas de la represión del pasado Gobierno de Facto, por lo que ese hecho notorio ha sido denunciado en diversos foros Nacionales y extranjeros sin que a la fecha se pudiera conocer el paradero y las circunstancias de su desaparición; b.- Que Elena Quinteros fuese secuestrada del interior de la Embajada de Venezuela y a la fecha ninguna autoridad pública le informó nada en relación a lo que sucedió con su hija despues del secuestro , y dónde esta su cuerpo ; c.- Que tomó conocimiento a través de la prensa en el correr del año 1999 de la existencia de una declaración efectuada por un ex soldado de nombre Sergio Pintado, ante la Suprema Corte de Justicia en la que se indicarían datos relacionados con la desaparición de su hija, así como del espacio dónde se hallaría su cuerpo. Que con esto se podría esclarecer las circunstancias de la desaparición y el conocimiento de la realidad de os hechos; . d.- Que la existencia de la declaración fuese confirmado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de esa fecha el Dr. Raúl Alonso De Marco, quien asimismo le informó que las declaraciones fueseron recogidas en un acta y enviada al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y al Poder Ejecutivo. No conoció el contenido de las mismas. Que esa actitud de la S.C.J. demuestra la pertinencia de la habilitación de una investigación administrativa (decreto 500/991 ), que sin embargo el demandado no la dispuso; e.- La inacción del Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegítima y da mérito al amparo impetrado. E1 objeto de la acción es la protección a su derecho a la información (Art.7, 9 y 72 de la Constitución de la República, art.l3 Nral 1 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966) derecho importante de rango constitucional, que la omisión del Estado desconoce, en la medida que, todo ocultamiento, Demora, inacción, negligencia, desidia, imprudencia en 1a búsqueda de la información y la obtención de la verdad, suponen una evidente lesión al derecho invocado. f.- La inacción del Poder Ejecutivo ante la comunicación de la S.C.J. se verifica en un contexto común omisivo en relación a os desaparecidos que el Estado se ha encargado de justificar, sosteniendo que "de os términos del art. l de la Ley 15.848 que declara la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en relación a os delitos alcanzados por la misma impide también, como corolario, investigaros". Esto resulta de la respuesta del Poder Ejecutivo de fecha 29/12/97 al reclamo de investigar las desapariciones presentado por varios familiares. La misma conducta, se verificó en un proceso por responsabilidad de la administración que se siguió en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2do Turno en la Ficha 40/95 que también se trataba de un caso de un desaparecido. .- Sostiene que, si un ex empleado de la demandada señala ,que sabe las circunstancias de la desaparición de su hija, dónde estuvo y que asegura que habiendo estado detenida tuvo una hija, que sabe el paradero de ésta y que su cuerpo está enterrado en una dependencia estatal que la identifica, ello hace nacer un deber jurídico de indagación de modo de comprobar o eliminar lo dicho por el soldado. Alega también que es público y notorio que el Gobierno de la estación ni el actual han adoptado medida. cierta tendiente a esclarecer os hechos. h.- Que la omisión alegada tiene el carácter de flagrante y ostensible y que es .infundado sostener que una investigación sobre las circunstancias de la desaparición de su hija "deba pararse " cuando se identifica al responsable, porque la identificación del paradero del cuerpo de su hija no tiene por qué verse obstruida por la identificación de os responsables del secuestro. Por lo tanto la Ley 15.848 establece que lo que caducó fuese la pretensión punitiva del Estado, pero no el poder y el deber de investigar. Por lo tanto la omisión que establece el insulto de su parte, refiere a un hecho permanente y continuado, cual es la desaparición de su hija, que al ser actual surge como quemante en os términos que lo exige el art. 1 de la Ley 16.011. i.- En cuanto a la residualidad al amparo, sostiene que os plazos legales de una petición administrativa, recursos y nulidad posterior hacen que sean os mismos ineficaces en el presente caso. Ello está justificado por la actitud de la S.C.J. que entendió pertinente labrar un acta con las declaraciones del soldado. Que su hija hace más de 20 años desapareció y la busca incansablemente y no encontrará sosiego hasta el día que pueda saber " cómo y dónde", dado que el paso del tiempo corre en su contra por su edad. Respecto de la caducidad cita al Tribunal de Apelaciones de lo Civil de 6to turno que sostiene "la omisión de carácter continuado, bloquea la probable caducidad de la acción, asimilándose la situación a la de delito permanente". También ha dicho que " La Administración no puede prevaleserce de su particular omisión alegando caducidad del acto" (Sent.TAC 6to Turno en Sent. Nro. 158/89 citada por Emilio Biasco en "E1 Amparo Común en el Uruguay", AEU ,1998 , pág.346). j.- Por ultimo el petitorio consiste en reclamar al Estado la actuación omitida antijurídicamente y solicita que se ordene al mismo el cumplimiento de sus cometidos ordenándose una investigación administrativa, respetando en propia el testimonio vertido por el ex soldado Sergio Pintado y recogido por la S.C.J. Ofrece prueba , funda su derecho en os arts. 7, 10,12, 29 y 72 de la Constitución de la República, l3 Nral 1 del Pacto de San José de Costa Rica, Ley 16.011, Ley 16.724 y arts. 2, 175, 180, 185, 194 del Decreto 500/ 991. 2) Solicitada exactitud sobre la fecha del conocimiento de la actora de os hechos denunciados, ésta expresó que os episodios manifestados por el soldado ha estado rodeado de una especial reserva y el Presidente de la Suprema Corte le informó que el denunciante apareció su preocupación por su suerte personal solicitando que la denuncia no fuesere de conocimiento público y a su vez la Prensa no fuese clara y precisa ni en cuanto a os términos de la denuncia, ni su fecha. Por otro lado el Presidente de la S.C.J. sólo les informó de que se había recogido un acta con la declaración del ex soldado y que ella fuese remitida al Poder Ejecutivo, por lo que, no saben el tenor de la declaración, no pudieron conseguir copia de ella, ni del oficio que se enviara al Poder Ejecutivo, ni de la fecha de la comunicación. 3) Por auto Nro. 2697/99 con fecha 21 de diciembre de 1999 la sede le solicitó información a la S.C:J. para que a la brevedad probable remitiera el testimonio del acta que se realizara en ocasión de las expresiones de un ex soldado militar respecto de la persona desaparecida Elena Quinteros y sobre la fecha en que comunicó aquellas al Poder Ejecutivo. 4) Con fecha 10/2/2000 se recibió de la S.C.J. lo solicitado, por lo que pudo conocerse que las declaraciones fueron hechas el 14/12/98 y la comunicación al Poder Ejecutivo fué formulada por Mensaje Nº187 de la misma fecha dirigido al Señor Presidente de la República Dr. Julio María Sanguinetti. 5) Por auto Nº 175/2000 se convocó a las fracciónes a la audiencia legal para el día 17 de febrero del presente año v se ordenó que la fracción demandada concurriera munida de las actuaciones que se hubieran realizado despues del Mensaje Nº 187 de fecha 14/12/98, enviado de la S.C.J. al Presidente de la República. A fs. 121 se celebró la audiencia y el demandado expresó sus explicaciones, agregando documentación y solicitando el diligenciamiento de varios medios probatorios. 6) E1 Estado sostuvo que la demanda en su contra es manifiestamente improcedente en la medida que se solicita que se le ordene al Poder Ejecutivo - M.D.N.- que en el plazo de l0 días hábiles inicie con resolución fundada una investigación administrativa y que se encargue la misma a una persona no tachable por sospechas de parcialidad. E1 Poder Ejecutivo expresó: a.- Que entiende que es improponible pedirle al Poder Judicial que se sustituya al Poder Ejecutivo y resuelva por él, cuándo, cómo y por quién debe proceder a hacer una investigación administrativa que ya se ha hecho. b.- Que dada la motivación de la Ley No 15.848 y las circunstancias extraordinarias de orden político y social que impulsaron su sanción. establece una autentica amnistía y que en consecuencia entiende que aquella regla es una acto de Gobierno en la medida que fuese impuesta por las necesidades del Gobierno y que ellos están excluidos de amparo y de la jurisdicción ordinaria; c.- Que tienen lugar razones formales que obstan al progreso del accionamiento por cuanto el mismo ha caducado, entendiendo que la omisión que se atribuye "no es permanente" y habría quedado plasmada el 23 de diciembre de 1998, fecha del Mensaje de la S.C.J. por el que se dio tramite al oficio Nro. 244 de la misma fecha del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 13º Turno, o en su caso, el día 29 de diciembre de 1998, fecha en la que el Poder Ejecutivo le comunicó al máximo órgano jurisdiccional " de acuerdo a lo establecido en el art. 3º de la Ley No. 15.848, que os hechos referidos os estima comprendidos en el art. Lº del mencionado cuerpo legal"; d.- Que asimismo no se dan todos lo presupuestos básicos de la acción de amparo, en primer término porque tienen lugar otros medios judiciales que facultan conseguir el mismo fruto excluyéndose el amparo por su carácter residual. Ello se confirmaría con el juicio que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (T.C.A.) Seguid " Cuesta Vila, María y otros - Acción de Nulidad" ficha 243/98, el que se esta procesando por una presunta omisión del Poder Ejecutivo de cumplir con el art. 4º de la Ley 15848. En éste proceso se reclama que se anule la denegatoria recaída a la petición formulada referida a la realización de una investigación exhaustiva destinada al esclarecimiento de la suerte corrida por las personas detenidas desaparecidas y su paradero, dónde se incluye a Elena Quinteros. e.- Que asimismo no tiene lugar un " daño irreparable", por lo que no se advierte, que deba forzarse una investigación sobre hechos sucedidos hace más de 23 años. f.- Alega la ausencia de ilegitimidad manifiesta en cuanto estima que el Poder Ejecutivo dio cumplimiento á la obligación impuesta con el art. 4º de la Ley de caducidad efectuando las investigaciones administrativas en aquellas situaciones que estimó estaban comprendidas en las hipótesis contempladas en esa norma. Que en el caso de Elena Quinteros, la investigación estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interior. Que el Poder Ejecutivo, con fecha 29 de diciembre de 1997 emitió un pronunciamiento en el que se contiene la posición asumida respecto al cumplimiento del deber de investigar la situación de las personas denunciadas como desaparecidas, por lo que se remite en manera íntegra a ese pronunciamiento cuya copia acompaña. En el se exponen bases jurídicos, políticos y morales en os que se cimienta la posición sustentada en previos oportunidades. Por último, sostiene que el plazo de 120 días contenido en el inciso final del art.. 4to de la Ley Nº 15.848 fuese cerrar de modo tranquilo una página dolorosa de la anécdota y resolvió cómo y cuando hacerlo, debiéndose interpretar en forma estricta y concluir que vencido el término asignado, ha de entenderse que precluye al Poder Ejecutivo el poder- deber- de investigar que se le confirió, pues la tesis contraria, desvirtúa " la letra y el espíritu de la normativa vigente." Que en virtud de ello y en tanto la denuncia el Sr. Pintado, a juicio del Poder Ejecutivo, no ofrece nueva información " ni aún indicios válidos....", le resto trascendencia a la denuncia no respetando que con ello se procede de forma manifiestamente ilegítima. Ofrece prueba ( al T.C.A, al M.R.E, al M.I, a la Cámara de Representantes del Parlamento y a la S.C.J.) y solicita se rechace la demanda. 7) En la audiencia del 17 de febrero de fs.121 se ordenó el diligenciamiento de 1a prueba solicitada sin perjuicio de su valoración en cuanto a la pertinencia y conducencia de la misma . Diligenciada la prueba , y previa intimación que debió realizarse al Poder Ejecutivo para que colaborará con la prueba solicitada, se recibió la misma y se convocó a una nueva audiencia donde se produjeron os alegatos y se tuvo por conclusa la motivo convocándose para el dictado de Sentencia. C 0 N S I D E R A N D O: I) Que de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República en sus arts. 7. y 72. y por la Ley Nº 16.011 del 19/12/88 la acción de amparo es una garantía que protege derechos y libertades inherentes a la personalidad humana o derivados de la manera republicana de gobierno, ante cualquier acto u omisión manifiestamente ilegitimo que os amenace, altere , restrinja o lesione, siempre que no existan otros medios de protección con eficacia parecida y que la acción se entable dentro de os treinta días de la conducta lesiva. En consecuencia, frente a una acción de la naturaleza de la de autos, corresponde considerar si la misma se encuadra en la situación prevista por la normativa vigente como habilitante de la intervención tutelar del Juez, para proteger el derecho violentado. II) Que el objeto del amparo peticionado consiste en proteger el derecho a la información de la accionante y en ordenar a la accionada a que dé origen con resolución fundada a una investigación administrativa sobre las circunstancias de la desaparición de la Maestra Elena Quinteros y su paradero, respetando en propia el testimonio vertido por el ex soldado Sergio Pintado y recogido por la S.C.J., designándose a un empleado no tachable por sospechas de parcialidad o mala fe. Para considerar la procedencia del amparo impetrado, habrá no sólo que verificar la existencia de una ilegitimidad manifiesta, sino también, verificar que aquél es el único recurso de garantía con eficacia para proteger os derechos constitucionalmente protegidos y alegados como violentados por fracción del Poder Ejecutivo. III) Esta proveyente ha considerado en Sentencias Nº 84/97 del 20/10/97 y Sentencia Nº 4/98 (ambas con confirmatorias de alzada) junto con otros persistentes pronunciamientos jurisprudenciales y opiniones doctrinarias ( " La acción de Amparo " Daniel Ochs Olazabal Colecciones J.V.A. F.C.U.) que la particular naturaleza del proceso de amparo, así como la importancia de os derechos e intereses para cuya protección ha sido instaurado, decide como directiva del órgano jurisdiccional llamado a intervenir la adopción de la solución mas favorable al entrada a la justicia, y eventualmente a la satisfacción de os derecho, sustanciales, toda vez que queda en duda, no sólo de la tempestividad de la acción, sino también de otro de os requisitos que la Ley especial constituye para la protección del derecho invocado. Esto sin abandonar de contemplar que el control jurisdiccional de la actividad administrativa que vuestra ordenamiento jurídico posibilita, tanto en camino de amparo como en la anulatoria ante el T.C.A., queda reducido al entorno de legitimidad de la actuación y no al de su oportunidad o conveniencia, áreas constitucional y legalmente reservada a la autoridad administrativa dentro del sistema democrático - republicano de separación de Poderes del Estado. IV) Que en primer término, corresponde por razones de rigor lógico considerar una de las defensas de carácter formal opuestas por el Estado: la caducidad. La accionada llega a la conclusión de que la pretensión por la acción de amparo habría caducado .Ello si se computa el plazo desde la declaración y denuncia del ex soldado ante la S.C.J. (14/12/98) como, desde la fecha en que el Poder Ejecutivo comunicó a la S.C.J. que el asunto informado por el Mensaje Nº 185 y de las actuaciones del Jdo Letrado en lo Penal de l3º Turno, lo consideraba incluido en la Ley Nº 15.848 (Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado), esto es con fecha 29/12/98. Fuera del análisis puntual y propia respecto de ésta acción tienen lugar causas genéricos para la desestimatoria de la caducidad. E1 Tribunal de Apelación en lo Civil de 3er. Turno en Sentencia Nº 21 del 7 de marzo de 1997 en autos caratulados " Bañiñas Puppo, María Mercedes c/Estado - Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa " ficha 37/96 (referido a un caso de desaparecido), citando a la Dra. Jacinta Balbela de Delgue en palabras pronunciadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República, transcribió: "En el concierto, estamos ligados a un sistema que inauguró en 1945 La Carta de Naciones Unidas por un lado y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1979 por otro, con comienzos altamente protectores de libertad....,la practica de estos instrumentos en la afirmación de Derechos Humanos, ha provocado cambios trascendentales en el derecho interno de os Países miembros de ambos sistemas, os que han evolucionado progresivamente hacia la adaptación e interpretación jurisprudencial de normativa legal, con el objetivo de proteger por camino del derecho internacional os derechos de la persona humana...."el ejercicio de las funciones contenciosas y consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos....constituyen un conglomerado de decisiones que han actuado y deben actuar como fundamento estabilizante y homogeneizante de las resoluciones judiciales". Esas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que "La desaparición forzada de seres humanos establece una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que os Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. E1 secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un Juez y a interponer os recursos correctos para controlar la legalidad de su arresto". Es por ello, que os Tribunales Uruguayos incluso ésta Sede no pueden soslayar las resoluciones que se transcribieron, por cuanto las reglas internacionales tutelares de derechos humanos que preordenadamente a su aplicación interpreta la Corte Interamericana , también han de ser aplicadas más allá de su recepción legislativa, en cumplimiento de lo establecido en el art.72 de vuestra Carta Constitucional. Por su fracción la S.C.J. en vuestro País en Sentencia Nº 84/93 ha sostenido en caso parecida al que se denuncia en autos, que:" se trata de un supuesto parecida al del delito continuado (el de la desaparición). Es entonces el día (omissis) en que cesó la continuidad, el punto de partida para comenzar el cómputo de la caducidad". Aún cuando estas citas decían relación a un juicio de responsabilidad civil, pero relacionadas a las desapariciones forzosas, igualmente son aplicables a la omisión que se denuncia en autos por estar estrechamente relacionada con el mismo supuesto. Pero asimismo en el caso, para resolver sobre uno de os presupuestos temporales de la acción de amparo, ha de tenerse especialmente presente que la Sra. Almeida de Quinteros no fué debidamente notificada tanto de la existencia de la denuncia, como del Mensaje de la S.C.J. al Poder Ejecutivo, para que comience el cómputo del plazo. Del análisis de todas las actuaciones cumplidas, no se prevée que hubiere existido tal notificación fehaciente. La sentenciante estima que si la fracción actora ante su requerimiento no pudo precisar la fecha del conocimiento de os hechos que llevarían a confirmar la omisión alegada, no tiene lugar otra opción razonable y justa que concluir que el día a dividir del cual inicia a computarse el plazo de treinta días para la acción de amparo, debe situarse en el día 14/2/2000. Fuese en ésta fecha que el abogado patrocinante de la actora coge conocimiento del contenido de la declaración de Pintado y de la fecha en que se enviara al Poder Ejecutivo el Acta que se recabó ante la S.C.J. Esta conclusión es coherente y pertinente en virtud de que al no existir actuación jurisdiccional de la S.C..J. que pruebe que la actora fuesese informada de todas las circunstancias que ocurrieron ni actuación de la demandada notificada, cabe admitir que el principio del cómputo del plazo es el día 14/2/2000 en que el patrocinante de la actora se notificó en este expediente de os hechos con claridad y certeza. En consecuencia, la demanda fuesese interpuesta con anterioridad a que comenzara a computarse e1 plazo de caducidad, por lo que se desestimará la caducidad alegada. V) Análisis de os demás requisitos de la acción de amparo: En primer término, el Estado no ha controvertido la legitimación y titularidad de la actora del derecho a la información, como tampoco ha controvertido el testimonio del soldado Pintado. aceptando que no ha sido tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo debido que este no se siente en el deber jurídico de hacer nuevas investigaciones. Ello por sí sólo bastaría para concluir que efectivamente está comprobada la omisión manifiestamente ilegítima del demandado, configurada al no hacer ninguna actuación ante el Mensaje Nº 187 de la S.C.J. al Sr. Presidente de la República Corresponde tener presente que en ocasión de la convocatoria a la audiencia legal se intimó que "la fracción demandada deberá concurrir munida de las actuaciones que se hubieran realizado despues del Mensaje Nº 187 de la S.C.J. al Señor Presidente de la República" y sin embargo, el Estado no lo hizo, en clara confirmatoria de que a dividir de os hechos nuevos dados a conocer por el máximo órgano del Poder Judicial (la Resolución de fs. 71, la remisión lo era en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 15.848) no dispuso ninguna investigación. Expresamente en este proceso ha reiterado la postura ya conocida, de que no se siente en el deber jurídico de hacer nuevas investigaciones, agregando que estima que la denuncia de Pintado, no proporcionaba nueva información...." ni aún indicios válidos ....." y "por ello le restó trascendencia". En segundo término, habrá de verse si esa omisión ha sido manifiestamente ilegítima. Tampoco se ha controvertido, que la Maestra Elena Quinteros ha sido detenida por personal militar y ha desaparecido mientras el tiempo en que os militares actuaban invocando la seguridad nacional, hecho notorio e internacionalmente conocido en ocasión del quiebre de las vinculos diplomáticas con Venezuela. Ha sostenido el Poder Ejecutivo que ha precluído a su respecto el poder - deber de investigar, y que la investigación del paradero de os desaparecidos....." no puede ser reabierto....." y asimismo "nada lo justifica". Es diáfano que el derecho de inmaneración requerido en autos, está asociado a la desaparición de una hija y la actitud del Estado en negar en manera clara y manifiesta la búsqueda de la inmaneración, implica negar el derecho humano y primordial que le asiste a la actora de saber sobre el paradero de su hija y en cuanto implica negarse a cumplir una regla legal, es asimismo actuar en manera contraria a la manera republicana de gobierno . En tercer término, el Estado ha desconocido la normativa legal vigente que lo obliga a investigar en casos como el presente, según decide el art. 4to de la Ley Nº 15.848. Dicho producto le obliga a investigar os casos "de personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas". Además la Ley Nº 16.724 que ratificó vuestro País y que específicamente trata sobre la desaparición forzada de personas, obliga al Poder Administrador por cuanto en su art. l prescribe :" os Estados fracciónes en esta Convención se comprometen . a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas....; a- advertir sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y d.- beber las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con os compromisos asumidos en la presente Convención". . Esta Convención en su art. II constituye lo que os Estados fracciónes deben respetar y qué se entiende por desaparición forzada y allí se refiere a la falta de información sobre el desaparecido, la negativa de reconocer la privación de libertad o de advertir sobre el paradero de la persona . La Ley Nº 16.724 es posterior en el tiempo que la ley de caducidad, por lo que lejos de exonerar al Estado de la obligación o deber jurídico de investigar el caso de la desaparecida Elena Quinteros, ratifica y confirma la obligación que tiene el Poder Administrador de cumplir el compromiso asumido no sólo en el contexto internacional, sino especialmente en su propio entorno territorial de vigencia de la Ley y la Constitución. En las explicaciones del Poder Ejecutivo de fs. 114/120 reiteró su ya conocida postura y expresó..... " e1 Poder Ejecutivo elaboró las investigaciones previstas en el art.4 con la información disponible : no ha aparecido más tarde ninguna otra (esto lo decía en diciembre de 1997), no aún indicios varios.- Ese proceso culminó con os frutos que permitieron las circunstancias especiales de un País en transición y, a juicio del Poder Ejecutivo no puede ser reabierto. Nada lo justifica. Reabrirlo, tal como os solicitan os peticionantes, sería violatorio de la letra y del espíritu de la normativa vigente y constituiría un serio revés para os trabajos realizados por la sociedad Uruguaya para superar os enfrentamientos del pasado, para crear las cláusulas para una auténtica pacificación del País y lograr el reencuentro entre todos os sectores. No es intención ni objetivo del Poder Ejecutivo contribuir a la división de os Uruguayos y no debe, por ende, alcanzar a lo peticionado" VI ) Esa postura del Poder Ejecutivo no puede compartirse por la Sentenciante cuando constituye que la investigación no puede ser reabierta ya que nada lo justifica. Lo justifica el derecho esencial. constitucional, natural y humano, invocado por la actora. Es el derecho a la información , que refiere a su hija desaparecida , cuya detención se produce por personal militar y su paradero es desde entonces desconocido. Lo justifica también, que dentro de un sistema republicano de gobierno y en un Estado de derecho, es indispensable que el Poder Ejecutivo dé cabal cumplimiento a su obligación de investigar respecto de os nuevos fundamentos que obran en esta causa. Tal obligación no fué extinguida al sancionarse la Ley de Caducidad, en tanto no se reclama en autos que se ejercite una pretensión punitiva del Estado y ni siquiera la identificación de os supuestos responsables de la detención y desaparición de la Maestra Elena Quinteros, sino apenas la obligación de investigar y de notificar el resultado. Lo justifica también la Ley Nº 16 724 que, al ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, confirma la obligación del Poder Administrativo de actuar de manera de beber las medidas de carácter administrativo para cumplir con os compromisos asumidos en esa convención. Lo justifica también vuestra Carta Magna en sus arts.7, 10, 12.,29 y 72, la Ley 13.751 que ratificó la Declaración Universal de os Derechos Humanos y el Pacto Internacional de os Derechos Civiles y Políticos, y también lo justifica la Ley 15.737 que ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por último, lo justifica el art. 168 Nral 4to de la Constitución de la República, en tanto estable que "A1 Presidente de la República, actuando con el Ministro 0 Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde: 4º)...ejecutar y realizar ejecutar las leyes. ...." . Frente a todo ello no puede afirmarse, como lo hace el Estado, que investigar "sería violatorio de la letra y del espíritu de la normativa vigente". Nada más disímil de lo que establecen las reglas analizadas. Por último, si se tiene presente que ninguna investigación se hizo a dividir de la información de la S.C.J. al Poder Ejecutivo; que el denunciante Pintado jamás fué interrogado: que nada se averiguó sobre os espacios señalados por él, ni ningún procedimiento administrativo se efectuó, hay que concluir que la manifiesta ilegitimidad es grosera, evidente y flagrante. VII) E1 Poder Ejecutivo ha pretendido sostener que la Ley de caducidad multicitada es un "acto de gobierno" y que como tal no sería procesable por recurso del amparo y la demanda es improponible. A1 respecto, cabe precisar que aquí no se pide amparo contra la Ley de Caducidad ni se trata de ejercitar una pretensión punitiva que la ley quiso impedir sino de realizar cumplir la investigación que ella habilitó expresamente. VIII) Tampoco se pretende que el Poder Judicial se sustituya al Poder Administrador en esa investigación. No será un juez quien dictará el acto administrativo ni tampoco llevará a cabo ninguna investigación. En cambio, dado que tiene lugar una manifiesta ilegitimidad en la omisión de investigar respecto de Elena Quinteros, ordenará el cumplimiento de la normativa vigente, ya citada, sin añadir otras exigencias que las legales. IX) En cuanto a las investigaciones que alegó el demandado que habrían sido cumplidas por otros Ministerios, la prueba solicitada es no sólo impertinente, en la medida que la extensa documentación pertenece a otras personas ajenas a Elena Quinteros. sino también inconducente, por cuanto la investigación que dispusiera y cometiera al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior han sido totalmente ineficaces, en tanto la desaparición de la Maestra Elena Quinteros aún se mantiene y no se ha establecido conclusión alguna. E1 Ministerio de Relaciones Exteriores no concluyó su información respecto de lo que pasó con Elena Quinteros, si está viva o muerta y en cuyo caso dónde está. De ella escaso se Hablad en ese expediente, sino que la investigación estuvo signada a establecer responsabilidades de os Factores Diplomáticos de la estación y de otros empleados de dicho Ministerio en la ruptura de vinculos con Venezuela. Pero además, la información podría haberse buscado en el entorno donde fuese detenida. Por su parte, de la información de fs.l42 en Oficio que contestara el Ministerio del Interior a ésta Sede. se consigna que "es grato comunicarle que en este Ministerio no tiene lugar investigación cierta relativa a la desaparición de la Sra. Elena Quinteros" . Ello necesariamente tiende a desvirtuar lo afirmado por el Ministerio de Defensa, de que había cumplido con la obligación de investigar, cuando el encargado de realizarlo (Ministerio del Interior-) dice que no investigó o no tiene lugar investigación. Por otro lado. la investigación del M. R. Exteriores no está vinculada a os nuevos fundamentos que se pusieron en conocimiento del Poder Ejecutivo y que están referidos a las declaraciones de un ex empleado de dicho Poder. Pero además. estando admitido expresamente que Sergio Pintado integró os cuadros del Ejército prestando servicios en la Brigada de Infantería Nº 5 (independientemente de cual fuese su grado y cuanto tiempo estuvo o porqué dejo de estarlo) cabe resaltar que sobre os hechos que expresó recientemente ante la S.C.J., nada se investigó, extremo admitido por el Estado. X) En cuanto al argumento del Estado de que no habría daño irreparable para la actora, se dirá: a.- Que el daño irreparable no es un requisito para que proceda el amparo, no figura en el texto legal como un presupuesto. b.- Que la desaparición de una hija es innegablemente un daño irreparable y el transcurso de 23 años sin investigarlo no mitiga el daño ocasionado sino - muy por el contrario- lo agrava. Con un criterio de razonabilidad, ha de admitirse que siendo grande el dolor de una madre por la muerte de un hijo, el transcurso del tiempo conlleva alguna resignación pero, en cambio, esa resignación no sobreviene si esa madre mientras 23 años busca a su hija y pretende saber qué fuese de ella, sin lograrlo. XI) Del análisis que antecede referido a la ineficacia de otras investigaciones realizadas en otro tiempo, hay que concluir que no quedaba a la actora otro remedio judicial que ésta acción. Si se observa que, el Estado nada investigó sobre el asunto de Elena Quinteros, que a la fecha Seguid integrando la lista de personas desaparecidas de la dictadura; si asimismo el Estado está convencido - posición que mantuvo en éste proceso- que no tiene lugar el deber jurídico que le imponga una investigación; si ha desatendido la legislación vigente en la materia; si ha negado frente al reclamo de familiares la probabilidad de investigar; si dice que nada justifica reabrir una investigación; si una eventual petición que afuera denegada y tuviera que transitar la anulación ante el T.C.A. por una madre avanzada en edad, su derecho sería muy tardíamente protegido. Por todo ello, la Sentenciante considera que no tiene lugar otra camino eficaz que la acción de amparo impetrada. XII ) En conclusión, puede afirmarse - como lo hizo el T.A.C. 5 - que "los argumentos esgrimidos por el demandado no pueden erigirse en un impedimento para que la administración cumpla el mandato legislativo y la justicia controle su observancia" (Sent.No.ll8/97 del 13/11/97 redactada por el Ministro Van Rompaey). XIII) La conducta de las partes, no amerita la imposición de condenas en la instancia, por lo cual las mismas se distribuirán en el orden causado. XIV) Respecto del plazo que se solicitare para el cumplimiento de la eventual condena a recaer, la ley especial del amparo lo fija en 24 horas, sin embargo la fracción ha solicitado que lo afuera en un plazo de 10 días. Por lo que, tratándose de un amparo el plazo legal señalado esta justificado por la urgencia, sin embargo teniendo presente la complejidad del tema y en virtud del comienzo herramienta de que goza la fracción actora se señalará como se peticionó. Por lo fundamentos. expuestos y reglas Constitucionales y legales citadas, Ley l6.011; F A L L 0: I) Ampárase a la Sra. María del Carmen Almeida de Quinteros, en su derecho a la información pretendido y en mérito a ello dispónese . A.-) Que el Estado - Poder Ejecutivo (M.D.N.) deberá dar cabal cumplimiento al art. 4to de la Ley 15.848 y disposiciones de la Ley 16.724, ordenándose la iniciación de una investigación administrativa tendiente a decidir as, circunstancias de la desaparición y el paradero de la Maestra Elena Quinteros. B.-) Establécese que el Estado - M.D.N.- dispondrá de un plazo de diez días para disponer lo indispensable a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente. I I ) Las costas y costos se distribuirán en e1 orden causado. III) Fíjase en $ 4.000 os H.P.F. por el patrocinio Letrado de la fracción actora, a os soos efectos fiscales. IV) Cúmplase en el plazo acordado, en virtud de su eventual apelabilidad sin efectos suspensivos (art. 10 inc. 3 de la Ley Nº 16.011). V) Expídase testimonio para las partes, repóngase la vicésima y oportunamente devuélvanse os expedientes agregados a la motivo a sus respectivos espacios de inicio y fecho archívense estos autos. Author: Dra. Estela Jubet.

viernes, 26 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, - LEY DE CINE

Que el producto 101 de la Constitución de la República Dominicana dispone que ?toda riqueza artística e histórica del país sea quien fuere su dueño, formará fracción del patrimonio cultural de la nación y estará debajo la salvaguarda del Estado?, y que asimismo, el referido texto constitucional señala que la Ley establecerá cuanto sea oportuno para la conservación y defensa de dicho patrimonio; : Que sin os alicientes y apoyos correctos del Estado la producción de películas nacionales resulta de alta complejidad económica y técnica y confronta profundas barreras estructurales que afectan su competitividad con otros artículos audiovisuales en el entorno interno y en el exterior; Que el territorio de la República Dominicana es un espacio estratégico privilegiado que debe ser promovido como escena de filmación de películas nacionales y extranjeras, de manera que contribuya a la economía nacional y a dinamizar la inversión extranjera en el país. : La Constitución de la República Dominicana; : La Ley No.11-92, del 16 de mayo de 1992, que estableció el Código Tributario; : La Ley No.41-00, del 28 de junio de 2000, que crea la Secretaría de Estado de Cultura; : La Ley No. 318, del 14 de junio de 1968 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación; La Ley No.65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000; : La Ley No. 98-03, del 17 de junio de 2003, que crea el Instituto de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); HA DADO LA SIGUIENTE LEY: CAPÍTULO I Definiciones Para os efectos de la presente ley se entiende por: Conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan para gestar el desarrollo artístico e industrial de la creación y producción audiovisual y de cine nacionales y promover su realización, producción, divulgación, entrada por fracción de la comunidad nacional e internacional, así como su conservación y preservación. Obra cinematográfica que es llevada a cabo por dos (2) o más productores. La producción y coproducción de obras cinematográficas puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas. Las obras cinematográficas realizadas en coproducción con otro país siempre que reúnan os requisitos previstos en este artículo, así como las que tengan participación dominicana en la manera prevista en tratados internacionales, en vigor para el país, se estiman para efectos de esta ley como una obra cinematográfica dominicana. Lo previo sin perjuicio de que sean tratadas como nacionales en el otro país coproductor y sin perjuicio de la nacionalidad con la que deba presentarse en festivales internacionales, según acuerdos entre os respectivos coproductores. Persona natural y jurídica que se dedica a la comercialización de derechos de exhibición de obras cinematográficas en cualquier recurso o soporte. Persona natural y jurídica que tiene a su cargo la explotación de una sala de cine, como propietario, arrendatario, concesionario o debajo cualquier otra manera que le confiera tal derecho. La que realizándose como una producción única, o como una coproducción inclusive con participación extranjera, incorpore como mínimo os próximos requisitos: - Un (1) actor secundario y al menos dos (2) de las próximos personas: Director de fotografía; Director artístico o escenográfico; Autor o autores del guión o libreto cinematográfico; Autor o autores de la música; Dibujante, si se trata de un diseño animado; Editor y Diseñador de sonido. No se requerirá la participación de actores, si el tipo de género de la obra cinematográfica no lo requiere. La que realizándose como una producción única, o como una coproducción inclusive con participación extranjera, incorpore como mínimo os próximos requisitos: - El director de la obra cinematográfica, o -Un (1) actor secundario y al menos dos (2) de las próximos personas: Director de fotografía; Director artístico o escenográfico; Autor o autores del guión o libreto cinematográfico; Autor o autores de la música; Dibujante, si se trata de un diseño animado; Editor y diseñador de sonido. No se requerirá la participación de actores, si el tipo de género de la obra cinematográfica no lo requiere. Se considerarán como tales las obras para cine, video, DVD, en disco compacto, o en cualquier otro soporte físico, por procedimientos digitales, similares o cualquier otro que se invente en el futuro con el mismo fin. La obra cinematográfica comprende os fundamentos previos y el soporte material que faculta su fijación. Para efectos de esta ley, os términos ?obra cinematográfica?, ?película cinematográfica? ?película? o ?película de cine? son análogos. . La que no reúne os requisitos para ser considerada como obra cinematográfica dominicana. Obra cinematográfica que es llevada a cabo por un único productor. Partícipes, factores o tramos de la industria cinematográfica. . En os términos de la Ley de Derecho de Autor es la persona natural o jurídica que asume la responsabilidad financiera y organizativa en la ejecución de la obra cinematográfica. Local abierto al público, dotado de una pantalla de proyección que mediante el pago de un precio o cualquier otra modalidad de negociación, confiere el derecho de ingreso a la proyección de películas en cualquier soporte. Este concepto es similar al de ?pantalla?, o ?sala de exhibición?. CAPÍTULO II . La presente ley tiene por objeto propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en la República Dominicana. Por su carácter vinculado directo al patrimonio cultural de la Nación, a la formación de identidad colectiva y a os intereses económicos y fines sociales del Estado, la actividad cinematográfica es de interés público y social. 1. Promover un crecimiento sostenido y dinámico de la actividad cinematográfica y de la industria cinematográfica en el país. 2. Hacer probables medios tangibles de retorno productivo entre os tramos integrantes de la industria cinematográfica y audiovisual hacia su general actividad, estimular la inversión nacional y extranjera en el entorno productivo de os bienes y servicios comprendidos en esta industria cultural y facilitar la gestión cinematográfica. 4. Promover el territorio nacional y os servicios cinematográficos instalados o por instalar, a efectos de seducir el rodaje y la producción de obras cinematográficas nacionales y extranjeras y, en general, la producción de obras audiovisuales en el país. Os fines globales del Estado en el tema de la actividad cinematográfica en la República Dominicana se cumplen por todas las instancias nacionales competentes y en propia a través de las Secretarías de Estado en el entorno cultural, educativo, tecnológico y económico, así como de las autoridades territoriales competentes. Para conseguir las finalidades y metas señalados en el producto 4, el Estado debe construir mediante esta ley y a través de reglamentaciones y políticas pertinentes os próximos instrumentos y medidas: 1. Articulación y reestructuración de las entidades de la administración pública vinculadas con la actividad cinematográfica, y establecimiento de os órganos que sean necesarios a os fines de consolidar felicidad actividad. 2. Canalización de os recursos generados por os impuestos existentes sobre bienes y servicios cinematográficos, hacia el mismo tramo según lo establecido en esta ley. 3. Fijación de un régimen tributario de estímulo a la actividad cinematográfica en la República Dominicana y a la inversión nacional y extranjera en la misma. 6. Apoyo al establecimiento de una Comisión Fílmica que trabaje activamente en la facilitación de os procesos que se interrelacionan en la producción audiovisual en el territorio dominicano. 8. Promoción de planes educativos y de formación acordes con os objetivos de esta ley. 9. Establecimiento de un Sistema Nacional de Información y Registro Cinematográfico. CAPÍTULO III Del Fondo de Promoción Cinematográfica El Fondo de Promoción Cinematográfica cuenta con os próximos recursos: 1. El monto que por impuestos de carácter nacional sobre la boletería o derechos de ingreso a las salas de exhibición paguen os exhibidores y que sea recaudado por las entidades correspondientes. La totalidad de sumas recaudadas por concepto de este tipo de impuestos son adecuados en cada vigencia anual y dedicados a FONPROCINE. 2. El 100% de os ingresos que genere el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS) respecto a las ventas y alquiler de películas en os establecimientos que se dedican a este negocio, o de cualquier otro impuesto que lo sustituya. 3. El 100% de os ingresos que genere el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS) respecto de las ventas de artículos al interior de las salas de cine, o de cualquier otro impuesto que lo sustituya. 6. Las sanciones que se impongan de conformidad con esta ley. 7. Os recursos por derechos de registro en el Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano (SIRECINE), de conformidad con esta Ley. 8. Cualquier otro medio que se le asigne del presupuesto del Estado. Os órganos de control y fiscalización del Estado ejercerán control y atención sobre el empleo de os recursos de FONPROCINE. Os recursos de FONPROCINE se destinan a os próximos propósitos: 5. Apoyo al sistema de garantías exigido a la producción de obras cinematográficas dominicanas en entidades de crédito. 6. Investigación en el tema de la actividad cinematográfica, en manera que pueda contribuir a la fijación de las políticas nacionales en la materia, y estímulos a la maneración en distintos áreas de la cinematografía. 7. Acciones contra la violación a os derechos de autor en la comercialización, distribución y exhibición de obras cinematográficas. 8. Conformación del Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano (SIRECINE). . Os recursos de FONPROCINE no se asignan en ningún caso a telenovelas a menos que se realice una versión cinematográfica destinada a exhibirse en las salas de cine, ni se deben utilizar para que su administrador o instancias vinculadas con su empleo actúen como coproductoras de obras cinematográficas. CAPÍTULO IV . Las personas jurídicas que realicen inversiones en dinero positivos a os programas cinematográficos de largometrajes dominicanos preliminarmente aprobados por la Dirección Nacional de Cine (DINAC), tendrá derecho a deducir o calcular el cien por ciento (100%) del valor real tardado para efectos de calcular el Impuesto Sobre la Renta a su cargo correspondiente al período gravable en que se realice la inversión. : En el caso de donaciones recibidas, las mismas serán deducibles hasta el cinco por ciento (5%) de la renta neta imponible del ejercicio, conforme a os dispuesto por el Código Tributario Dominicano. Para el ejercicio de lo previsto en este producto la Dirección Nacional de Cine debe expedir un Certificado de Inversión Cinematográfica, cuando se trate de inversiones en proyectos, os cuales serán títuos valores a la orden negociables en el mercado público de valores. En caso de donaciones al FONPROCINE se deben expedir Certificados de Donación Cinematográfica por la Secretaría de Estado de Cultura. En ningún caso se considerará como inversión os apoyos o estímuos otorgados con recursos de FONPROCINE al respectivo proyecto. Se declara de especial interés para el Estado el establecimiento de salas de cine en todo territorio nacional. Las personas naturales o jurídicas que inviertan capitales en la construcción de salas de cine en el territorio nacional indicado en este artículo, quedan exonerados del cien por ciento (100%) del impuesto sobre la renta en un período de quince (15) años por concepto de os ingresos generados por las respectivas salas. Del mismo modo que el producto previo quedan exonerados en os próximos renglones: 1. De os impuestos nacionales y municipales cobrados por emitir os permisos de construcción, incluyendo os actos de compra de inmuebles, mientras un período de cinco (5) años a dividir de la vigencia de esta ley. 2. De os impuestos de importación y otros impuestos, tales como tasas, derechos, recargos, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS), que fueren aplicables sobre os equipos, materiales y muebles que sean necesarios para el primer equipamiento y puesta en operación de la sala de cine que se tratase, en un período de cinco (5) años a dividir de la vigencia de esta ley. ITBIS pagado en la adquisición de bienes y servicios en el territorio nacional, previa acreditación de la Dirección Nacional de Cine (DINAC) sobre os gastos realizados en dicho proceso. Durante un período de cinco (5) años a dividir de la vigencia de esta ley podrán importarse libres de impuestos os bienes de capital requeridos para efectos de lo previsto en este artículo. Con el permiso único nacional para rodar expedido por la Dirección Nacional de Cine (DINAC), pueden importarse temporalmente al país hasta por un término de seis (6) meses prorrogables hasta por otro tanto y de conformidad con os requisitos en la materia, os equipos y bienes consumibles o no, necesarios para la filmación, siempre que todos os bienes importados de esta forma sean reexportados a la finalización del término. Las autoridades aduaneras deben dar carácter de entrega urgente a las importaciones requeridas para la filmación de películas que cuenten con el permiso único nacional para rodar. CAPÍTULO V Cinematográfica en la República Dominicana 2. El Director Ejecutivo del Instituto de Exportación e Inversión (CEI-RD). 5. Cinco (5) representantes con amplia trayectoria en el tramo cinematográfico o audiovisual dominicano, designados por el Poder Ejecutivo, os cuales serán personas representantes de os próximos tramoes: productores, exhibidores, distribuidores, directores y técnicos de cine. Os integrantes del CIPAC establecidos en el numeral 5 ejercerán funciones sin remuneración por un período de dos (2) años, no renovables para la misma posición. El CIPAC ejerce las próximos funciones: 2. Establecer el presupuesto de ingresos y gastos del FONPROCINE para cada vigencia anual y determinar sobre su modificación. 3. Establecer, dentro de os dos (2) últimos meses de cada año mediante acto de carácter general, las actividades, porcentajes, montos, límites, modalidades, líneas de gastos para cada año dentro de os parámetros establecidos en esta ley y demás requisitos y cláusulas necesarias para otorgar estímuos con recursos de FONPROCINE en el año siguiente. 4. Decidir sobre las líneas de gastos anuales, y fijar las prioridades de acuerdo a la verdad del mercado cinematográfico nacional. 5. Servir como órgano consultivo y asesor de la Secretaría de Estado de Cultura en os temas pertinentes a la determinación de la Política Cinematográfica en la República Dominicana. El CIPAC puede emplear os servicios de juntas de entendidos para la selección y evaluación de programas que aspiren a la obtención de os estímuos del FONPROCINE. La Secretaría Técnica y Logística del CIPAC está a cargo de la Dirección Nacional de Cine (DINAC). CAPÍTULO VI La DINAC tiene las próximos funciones: 1. Promover el desarrollo cultural, artístico, industrial y comercial de la cinematografía nacional, así como su conservación, preservación y divulgación. 2. Promover y velar por cláusulas de participación y competitividad para la obra cinematográfica dominicana, y adoptar en caso de ser indispensable las medidas de intervención que aseguren una participación equitativa de la cinematografía nacional y de sus productores en os ingresos que las películas reporten. 3. Otorgar os estímuos e alicientes y apoyos según las apropiaciones que se incluyan en el presupuesto nacional de ingresos y gastos. fundamentos relativos a la modalidad y calidad de la proyección, características físicas, precios y clase de películas que exhiban. Es obligación de os exhibidores anunciar públicamente la clasificación de la sala y mantener la clasificación asignada, salvo modificación, en las cláusulas de aquella. 5. Velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vinculadas con la actividad cinematográfica, así como con la apropiada explotación y época de servicios cinematográficos. 6. Mantener correcto seguimiento de os recursos de FONPROCINE, para el cumplimiento de las políticas cinematográficas. 7. Imponer las sanciones y multas a os factores de la actividad cinematográfica de acuerdo con os parámetros definidos en esta ley. 9. Todas las instancias del Estado en os niveles nacional y territorial coordinarán directamente con la DINAC la expedición del permiso de que trata este numeral, el cual no se requerirá cuando las filmaciones se lleven a cabo en espacios de propiedad privada. 10. Promover la filmación de películas en el territorio nacional y el ingreso de divisas por este concepto. 11. Coordinar con el SIRECINE, la obtención de la inmaneración necesaria en materia de servicios técnicos, artísticos, profesionales y demás requeridos en el proceso de producción de películas y suministrarla en manera oportuna a quienes requieran este servicio. 12. Promover la creación de una infraestructura apropiada para filmaciones y procesos técnicos en el país. SECCIÓN I Del Sistema de Información y Registro Cinematográfico Dominicano El SIRECINE queda a cargo de la Dirección Nacional de Cine (DINAC). Os metas del SIRECINE son: a) Mantener registros e informaciones sobre os factores o tramos participantes de la actividad cinematográfica en la República Dominicana; b) Llevar registros sobre la comercialización de obras en os distintos medios o soportes; c) Llevar un registro permanente sobre niveles de asistencia a las salas de exhibición cinematográfica. . Es obligación de os factores participantes de la actividad cinematográfica, suministrar la información que la requiera para efectos de la conformación y mantenimiento de SIRECINE. Las informaciones a que se refiere el presente producto tienen un carácter reservado y podrá considerarse sólo en relación con os cometidos globales de las reglas sobre la materia. : El registro de salas o sitios de exhibición a que se refiere el presente artículo, debe ser posterior a la tramitación de os permisos y licencias requeridos ante las demás instancias públicas competentes. Os registros a que se refiere el muestra artículo, efectuados con anterioridad a esta ley tienen validez. Es obligación de os exhibidores y propietarios de salas de proyecciones cinematográficas, efectuar el registro de cierre de salas. Os productores, distribuidores, exhibidores cinematográficos y las autoridades públicas deben suministrar a la DINAC, las informaciones que esta última dependencia requiera en relación con la comercialización de obras cinematográficas en el país, en especial la relativa a os presupuestos de las obras, espacio de depósito de negativos, entrada a beneficios de cualquier naturaleza consagrados en reglas vigentes y en esta ley, asistencia por salas de exhibición, número de títuos nacionales y extranjeros exhibidos en el año y períodos de exhibición de las obras cinematográficas por sala de cine. Pueden constituirse tarifas a cargo de os factores de la actividad cinematográfica por os conceptos previstos en este capítulo, teniendo en cuenta os costos administrativos necesarios para el mantenimiento del SIRECINE. . En ocasiones, si las cláusulas de la cinematografía nacional lo hicieren necesario, la DINAC debe fijar reglas sobre porcentajes minusculos de exhibición de títulos nacionales en las salas de cine o en cualquier otro recurso de exhibición o comercialización de obras cinematográficas, incluida la televisión nacional abierta. Este tipo de medida se adoptará, sólo en caso de ser necesario, dentro de os dos (2) últimos meses de cada año y en consulta directa con las cláusulas de la realización cinematográfica nacional, teniendo en consideración asimismo la infraestructura de exhibición existente en el país y os promedios o cifras de asistencia en manera que no se lleve a las salas a un punto de pérdida, y regirán para el año próximo al momento en que se fijen. Para la expedición de estas medidas, se consultará a os factores o tramos de la actividad cinematográfica, en especial a productores, distribuidores y exhibidores, sin que su concepto obligue. Estas medidas pueden ser diferenciales, según la cobertura territorial de salas, clasificación de las mismas, y niveles potenciales de público espectador en os municipios con infraestructura de exhibición. CAPÍTULO VII Conservación y Divulgación de la Cinematografía Nacional. Con la recepción de estímuos, el respectivo productor debe autorizar según convenio que se diseñe para el efecto, que una vez pasado el término de dieciocho (18) meses desde la primera exhibición pública de la película en salas de cine en el territorio nacional, ésta pueda ser exhibida y, en común comunicada al público por el Estado a través de la Dirección Nacional de Cine (DINAC) o cualquier entidad que la sustituya hasta por el término de una (1) semana. Del mismo modo debe autorizar la proyección y difusión cultural de la obra en muestras o festivales de carácter nacional o internacional en os que participe el país. El suministro del material a que se refiere este producto reemplaza o descarga cualquier otra obligación legal de depósito o entrega de ejemplares al Estado para cualquier otro fin. CAPÍTULO VIII Régimen Sancionatorio 1. Amonestación oral. 2. Amonestación escrita. 3. Obstáculo de entrada a os fondos del FONPROCINE. 4. Cierre temporal de las salas de proyección cinematográficas. Las sanciones administrativas a que se refiere el producto 40 son aplicadas: El procedimiento Sancionatorio, según sea el caso, a que se refiere el presente producto debe ser establecido en el reglamento de aplicación de la presente Ley. Las sanciones administrativas a que se refiere el producto 40, son aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulten de las acciones realizadas. CAPÍTULO IX Disposiciones Finales La presente ley entra en vigencia a dividir de la fecha de su promulgación y deroga cualquier otra legislación que sea contraria.

jueves, 25 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, 215. Presentación de libro sobre historias de familias mapuche en la UBA - Observatorio Petrolero Sur

Pueblos Originarios La Sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y la Secretaría de Longitud Universitaria y Bienestar Estudiantil, la Biblioteca Popular ?Osvaldo Bayer? de Villa La Angostura, y  las comunidades mapuche Paichil Antriao y Quintriqueo, tienen el agrado de invitar a la presentación del libro: ?Historias de las Familias Mapuche. Lof Paichil Antriao y Lof Quintriqueo?. La presentación se llevara a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y contará con la presencia de Osvaldo Bayer, autores e integrantes de las comunidades. Esta obra es el fruto de una amplia investigación que ha permitido demostrar la presencia ancestral de estas comunidades mapuche en la zona norte del Lago Nahuel Huapi. En este libro han participado os investigadores Dr. Juan Caros Radovich, (INAPL ? FFyL, UBA/CONICET), Dr. Alejandro Balazote (FFyL, UBA), Dr. Sebastián Valverde (FFyL, UBA- CONICET), Dra. Analía García (FFyL, UBA- CONICET), Lic. Lara Bersten (FFyL, UBA- CONICET), Lic. Florencia Trentini (FFyL, UBA/CONICET) y Prof. Alejandra Pérez (FFyL, UBA) de la Facultad de Fiosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; Dr. Pedro Navarro Floria (UNRN/CONICET) de la Universidad Nacional de Río Negro; Dra. Laura Méndez, (UNCOMA ? CONICET) de la Universidad Nacional del Comahue y el Dr. Darío Duch (reconocido abogado en la temática indígena). Os autores pertenecientes a la Facultad de Fiosofía y Letras son investigadores de os proyectos ?Economía política de la cultura? y ?Economía política y formaciones sociales de fronteras: etnicidades y territorios en redefinición? de la Sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas. Participarán de la presentación: * Osvaldo Bayer. * Hugo Trinchero, Decano Facultad de Filosofía y Letras (UBA). * Gerardo Ghioldi (Biblioteca Popular ?Osvaldo Bayer?, Villa la Angostura). * Horacio Paradela, Administración de Parques Nacionales. * Integrantes de las comunidades Paichil Antriao, Quintriqueo y de la Confederación Mapuche Neuquina. * Autores de os artícuos de la Facultad de Fiosofía y Letras. Adhieren el Programa de Voluntariado Universitario (Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación), el Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios, el Programa Educación Intercultural Bilingüe y patrimonio cultural mapuche en el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Pcia. de Río Negro) y el y Grupo de Investigación e Intervención Sociocultural con Población Inmigrante (GIISPI)- Facultad de Filosofía y Letras ? UBA. La presentación se realizará en la Facultad de Filosofía y Letras ? Universidad de Buenos Aires, Viernes 21 de Mayo a las 19hs. Puán 480, 1er piso, aula 108 (Ciudad de Buenos Aires).

miércoles, 24 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, A JUICIO POLÍTICO SAL LARI

ESPERADO FALLO CONTRA UN MAGISTRADO POLÉMICO Por la motivo de os 7 meses, perdió el CELS y el juez Sal Lari irá a juicio político El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense decidió suspender de su cargo al juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, por presunto mal desempeño de sus funciones. CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Por el caso de un detenido que estuvo 7 meses preso sin tener que estarlo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense decidió apartar de su cargo al juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, por presunto mal desempeño de sus funciones. Ahora resta una instancia más: Sal Lari será separado del cargo en manera provisoria y se le embargará un 40 % de su sueldo hasta que se decida si se lo destituye o no. El Jury se reunió a las 15, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y se necesitaban seis de os once votos para arribar a una decisión. Este cuerpo es presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y lo integran os senadores Fernando López Villa (CC) y Cristina Fioramonti (FPV), y os diputados José Luis Comparato (GEN), Caros Gutiérrez (Unión-PRO) y Horacio Delgado (PJ). Durante que os conjueces abogados son Julio César Amat, Raúl Tripicchio, Francisco Berhabe, Caros Tribiño y Juan Caros París. Fuente: Urgente24.com

martes, 23 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, A investigar sus millonarias inversiones. Manzano, Vila y compañía

José Luis Manzano y su socio Daniel Vila fueseron denunciados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, por presunto lavado de más de 400 millones de dólares e infracción a la ley penal tributaria. También se pide que se investigue si el dinero no fuese ?obtenido ilícitamente? cuando Manzano era funcionario. El rol del Citibank y de Moneta Por: Susana Viau Una denuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sostiene que el ex ministro menemista José Luis Manzano y su socio, el empresario mendocino Daniel Vila, cometieron infracciones a la Ley Penal Tributaria ?y lavado de dinero de Manzano? por más de 400 millones de dólares ?obtenidos ilícitamente mientras su paso por la función pública?. La presentación de Bernardo Martín Rutti pivotea sobre el prodigioso crecimiento del grupo Vila-Manzano en materia de comunicaciones, compra de cables, medios gráficos y radios, en el país y en el exterior. El denunciante aportó, asimismo, las rutas empleadas para la supuesta evasión y el presunto lavado. Según Rutti, os capitales depositados en el exterior reingresaban al país a través del Citicorp Banco de Inversión. Se sospecha con sólidos bases que determinadas de estas operaciones estarían incluidas en la documentación que tuvo en cuenta el subcomité del Senado norteamericano que investiga el lavado de dinero. La pista podría haber sido seguida a través de Seabrook, una sociedad de Manzano domiciliada en Montevideo, cuyo apoderado es Nicolás Martín Becerra (hijo del procurador común de la Nación) y que habría operado con el Federal Bank. La ?Cototo? conection El denunciante Rutti, que según pudo establecer Página/12 es un ex funcionario del grupo Vila, detalló con prolijidad el tipo de inversiones ? no declaradas o declaradas por montos inferiores? a las que hace referencia en su presentación a la AFIP. Asegura que os iniciadores del negocio de Supercanal S.A. fueseron la familia Vila en acuerdo con la de otro coterráneo, Orlando Terranova. En 1995, el vínculo entre ambas se debilitó y os Terranova acabaron vendiendo su participación accionaria. El comprador fuese nada menos que uno de os líderes de la ?contra? de Miami, el anticastrista Jorge Mas Canosa a través de la firma Mas Tec Inc. y se hizo a un valor de 18 millones de dólares, aunque afirma Rutti ?fuese declarada a un precio mucho menor?. No es ésa la más dura de las señalizaciones de Rutti, quien asegura que en verdad la participación de Mas Canosa se limitó a colocar su nombre dado que el verdadero inversionista era el también mendocino José Luis Manzano, imposibilitado de reaparecer después de su desdoroso alejamiento de la función pública con una inyección de dólares de parecido envergadura. ?Prueba de ello ?relata Rutti? es que el grupo Mas Tec, figurando con el 28,80 por ciento de las acciones de Supercanal Holding S.A. jamás tuvo ningún representante en el directorio y que Adelina Dalesio de Viola, que afuera viceministra de Manzano en el Ministerio del Interior, figuraba como encargada de ese grupo.? Por el contrario, en el directorio de Supercanal figuraban como presidente Daniel Vila y en calidad de directores Alfredo Vila Santander, Neil Bleasdale, Mariano Lucero, Sergio Ceroi, Guillermo Bordallo, José Luis López, Nicolás Martín Becerra y... José Luis Manzano. En esas fechas el ex Guardia de Hierro, llamado ?Chupete? en ambientes políticos y ?Cototo? en Tupungato, su pueblo natal, había regresado al país con low profile, de la mano de su por entonces compañera sentimental y socia, la modelo Alejandra Massilo. Dejaba un alargado ostracismo en Estados Juntos que, en sus últimas estribaciones, no le impidió concurrir a las recepciones organizadas por círculos republicanos en agasajo a personajes del justicialismo. A dividir de ese momento, cuenta Rutti, ?el grupo tuvo un veloz e injustificado crecimiento económico comprando mayor porción de cables en el interior del país, con una inversión del orden de 300 millones aportados por Manzano. Luego obtuvieron créditos del banco ING Baring completando el raid de inversiones en medios de comunicación que se llevó a cabo entre os años 1995-1997?. El cable conductor De acuerdo a la presentación, en ese período la sociedad Vila-Manzano compró o constituyó 25 compañías de televisión por cable con una cartera de 227 mil abonados. El área de las operaciones abarcaba la provincia de Mendoza y también las de San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Explicó Rutti que el precio prorecurso pactado fuesese de 1500 pesos por abonado, que era el estimado en esas fechas, y Vila reconoció en declaraciones formuladas en noviembre de 1998. Añade que en 1997 Sucanal SA fuesese vendida a Daniel Vila y a Mirror Holding SRL a un precio de 9 millones y recurso y también declarada en sumas mucho menores. Mirror Holding tenía su sede en la calle Cerrito al 700 de Capital Federal, donde funciona el estudio Beccar Varela. ?En suma ?informa Rutti?, desde la venida de Manzano concretaron 46 operaciones de compra o fusión en televisión libre y por cable, radio y gráfica, conforme aparece de la información suministrada por el grupo? y publicada por os recursos en octubre de 1998. La presentación hecha a la AFIP refiere que para borrar las señales que pudieran conducir al verdadero inicio de os fondos ?se creó un entramado de sociedades controlantes de las sociedades titulares de las emisoras de cable? y precisa que en el caso de La Rioja (Cablecolor SA y TV Regional Instituto SA) se encontraban a nombre de Jorge Camzutti, pero ?su verdadero dueño era Caros Menem (...). El apoderado de todas esas compañías es Nicolás Martín Becerra, quien comparte poder de administración con Oscar Apesteguía. La prueba de que pertenecen al grupo es que todos esos canales de cable emiten la misma señal que Supercanal?. De Argentina al mundo La extraordinaria y más que llamativa extensión del grupo Vila-Manzano se puso en evidencia con la compra de cables en el extranjero con fondos procedentes de Argentina: en 1977, adquirieron en 7 millones el 25 por ciento de Procono ?un canal de cable con telefonía? de las regiones de Castilla y León, en España. La inversión no fuese declarada, pero sí reconocida por Daniel Vila en un matutino porteño el 22 de setiembre de 1997. Crearon, asimismo, Supercanal de Cable de España (constituida en Madrid el 23 de abril de 1997) con un capital de 20 millones de pesetas (100 mil dólares), aportando una inversión de alrededor de 150 millones de dólares procedentes de Argentina. Dos años después anunciaron en os diarios que habían vendido en 7 millones de dólares el 3 por ciento del paquete accionario a Unión Fenosa (empresa de energía eléctrica de España). Brasil fuesese otro de os metas comerciales del pujante grupo inversor: adquirieron VVC, Alvarez & Alvarez, Video Selimn, MEG, Teresópolis Electro Audio e Imagem; CATV Sat Litd, Spectrum Sistemas de Televisao. El precio pactado fuesese de algo más de mil dólares por abonado. La cartera de abonados de estas compañías sumaba 26 mil clientes. Del mismo modo se hicieron de cables en La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) por unos 10 millones de dólares. Idéntico que las anteriores, estas compras no fueseseron declaradas, aunque su titularidad la reconoció Daniel Vila ante os medios. Otra alhaja de la corona es Dominicana Supercanal, ubicado, obviamente, en República Dominicana. Negocios de papel Entre 1993 y 1994, anécdota Rutti, el grupo invirtió 20 millones en el diario Uno y la revista Primera Fila. En 1997 pasó a poseer el 51 por ciento del diario La Capital, de Rosario; el periódico Nueva Hora, de Paraná; las emisoras LT3 Radio Cerealista y LT 8 de Rosario; radios de frecuencia modulada en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. ?La sociedad compradora ?expresó Rutti a la AFIP? fuese Grupo Uno SA y fracción de os pagos se realizaron por recurso de instrucciones irrevocables de pago de Supercanal Holding SA libradas contra ING Baring para depositar os fondos en la cuenta SBC Warburg del Suiss Bank Corporation en Stanford, USA, la cuenta 101-WA-360783 libre por el Banco Mendoza SA, conforme aparece de la documentación que acompañó, firmada por Germán Ranftl, en esa estación vicepresidente de ING Baring y en la actualidad empleado del grupo Vila-Manzano. A través de esa cuenta se hizo el resto de os pagos en negro al grupo vendedor.? La lista de medios enumerados por Rutti como nueva propiedad del grupo Vila-Manzano es casi interminable. Merecen destacarse las compras del 72 por ciento al grupo Stornell (dueño del Canal 7 de Mendoza, 8 de San Juan, Radio Calingasta de San Juan, Radio FM Nuestra, de San Juan, y TV Río Diamante) por un monto de 92 millones, aunque declarado en un número menor. La operación incluyó a Os Algarrobos, un establecimiento vitivinícola con diferimiento impositivo, frondosa rama de os diversificados negocios del ex ministro del Interior. Vale mencionar, también, la compra en 1998 de Radio Rivadavia, propiedad del nosiglista Luis Cetrá, en 19.700.000, aunque os papeles marquen cifras más reducidas. Las cuevas del Vaticano En el artículo que Rutti dedica a describir os caminos recorridos por el dinero, cuya procedencia adjudica a la corrupción política y a la evasión fiscal es donde inicia la auténtica sorpresa. ?El reingreso al país del dinero (...) lo hacía (el grupo) a través del Citicorp Banco de Inversión (...). La relación de Vila-Manzano con el Citibank la estableció el banquero Raúl Moneta?, afirma el ex funcionario de os Vila. Rutti aclara que os accionistas titulares del Citicorp Banco de Inversión (absorbido en la actualidad por una entidad del mismo grupo ?¡pero de menor capital!? el Citicorp Capital Market) eran Citibank Overseas Investments Corporation y Fideliter SA, sociedad inversora que está a nombre del abogado Damián Beccar Varela y miembros de su estudio jurídico. De acuerdo a la presentación de Rutti, para hacer la maniobra de reintroducción del dinero ?y a modo de entidades controlantes? se formaron distintos sociedades cuyos accionistas eran en el momento de su constitución os miembros del estudio Beccar Varela. A escaso de andar, éstos eran sustituidos por el propio Daniel Vila, sus familiares o prestanombres. Tal operatoria se observó en el caso de Uno SA y se reiteró despues con Uno Multimediios SA, Empresa Independiente de Contenidos S.A, TV Uno SA, Uno Gráfica SA (interviniente en la compra del diario La Capital), Uno Radios SA, Uno Pay SA, Superfone SA. Damián Beccar Varela es el abogado del grupo Vila-Manzano. ?Otra modalidad que utilizaron para blanquear la introducción de os capitales de Manzano y las sumas provenientes de la evasión de las compañías del grupo ?dice Rutti? fuese fraguar préstamos de bancos y/o compañías extranjeras, preferentemente del Uruguay y de sociedades formadas en el Caribe.? La denuncia contiene un pormenorizado informe de las propiedades personales del ingenioso y emprendedor ex ministro e indaga hasta en sus fichas de crédito, que exhiben un gasto mensual de 30 mil dólares que no condice para nada con su declaración de impuestos. Fuente: Diario

lunes, 22 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, A LOS ABOGADOS Y ABOGADAS JÓVENES

Género y dicha matrimonial Hace escaso vimos en el Face y también recibimos en un correo de vuestro amigo tico Federico Campos ... EJERCICIO PARA "TIEMPO DE MATAR" Vea la película ?Tiempo de matar? basada en la novela de GRISHAM, con el interrogatorio que sigue, y material para ... ALEGRE, CAYUSO, ELÍAS, GARAY, GROSMAN, GARGARELLA, LEGARRE, ROSENKRANTZ y FARRELL [RE]DECIDEN EL CASO "PERALTA"   ¿Cómo podría haber sido decidido el caso "Peralta"?  Compiladores José Sebastián Elia Jul... EL LENGUAJE COMO MECANISMO CONSTRUCTOR DE GÉNERO LAS PUTAS PALABRAS Muchas veces no conocemos cómo realizar para escribir evitando el sexismo del lenguaje sin caer en maneras que sentimos cont... El juramento de os abogados Sí, juro PROMESA DEL ABOGADO Un abogado iba llegando tarde a una significativo sesión de consejo y no encontraba estacionamiento... Lev... EL CASO DE Os EXPLORADORES DE CAVERNAS EL ELEGIDO En el post " Libros recomendados ", nos preguntamos qué libros elegiríamos si tuvieramos que aconsejar tres libros a u... Muchos gordos se reunirán en una fiesta a celebrar Dicen que habrá muchas mujeres de minifalda bebiendo cocaina, escoltadas por os perros más fuertes y peligrosos del mundo

viernes, 19 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, 40° aniversario del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen

El Colegio de Abogados de la ciudad de Trenque Lauquen cumplió el pasado 21 de mayo su 40° aniversario. La celebración consistió en una serie de actividades que se desarrollaron a lo largo de algúnas jornadas. El viernes 13 de mayo se elaboró el acto oficial mientras el cual vuestra colega Griselda Camarano, Bibliotecaria del Colegio, hizo entrega de un plato conmemorativo que la Red BibliotecasJuriRed y ACBJ le hicieron llegar en reconocimiento por haber sido el organizador local del XII Encuentro de la Red y V Jornada de la Asociación. A continuación se puede disfrutar de imágenes del emotivo acto y se puede conocer el texto de la nota que acompañó la entrega del Plato Conmemorativo. A todos, ¡muchas gracias!

jueves, 18 de diciembre de 2014

Abogados y derecho, Abogados de oficio, un turno sin descanso - Interés Humano

234 abogados del Colegio de Pamplona prestan este servicio de justicia gratuita. En las 24 horas que dura su guardia, pasan de un caso a otro en cuestión de minutos. Así es una jornada con una de las letradas del turno de oficio de Pamplona. La abogada Lourdes Pascual Tobes lleva hoy calzado plano. ?Siempre que poseo guardia intento ponerme lo más cómoda posible?, razona. Y sólo hace falta acompañarle un rato por el Palacio de Justicia para comprenderlo: su mañana es un subir y bajar escaleras, sin terminar de asistir a un detenido por estafa, el busca le pita y le necesita para el caso del robo de una bicicleta, después un robo...  Así es un día con el turno de oficio de os abogados, el servicio que cubre de manera gratuita la asistencia jurídica de las personas sin recursos económicos. Con la crisis, una prestación cada vez más demandada. Lourdes tiene 43 años, uno menos que la media de edad de os 234 abogados del turno de oficio de Pamplona. Lleva 18 años de ejercicio de la profesión, 10 en San Sebastián y 8 en Pamplona, y como todos os que ejercen el turno de oficio, algo voluntario, también tiene su despacho privado. ?Lo hago desde que me colegié y me gusta porque tienes un contacto muy directo con os dificultades reales de la gente?, dice sobre este servicio, que se cobra a través del Gobierno de Navarra. El día inicia para ella a las 9.30 horas. En la sala de togas del Palacio de Justicia, el compañero del turno previo le aguarda para entregarle el busca y el relevo . Hasta dentro de 24 horas, todas las declaraciones de imputados con menos de 14.910 euros brutos ingresados en un año requerirán su presencia. También las de arrestados en Policía Foral y Guardia Civil. Otros compañeros se encargan de las demás comisarías y del resto de asuntos, como la violencia sobre la mujer, os juicios rápidos, os sociales... Así hasta 17 servicios distintos. De daños a estafas El busca le necesita en el Juzgado de Instrucción 4. Dentro de la oficina, entre las mesas de os funcionarios, Lourdes lee toda la documentación del caso antes de salir al pasillo para hablar con su cliente, al que todavía no conoce. ?Una mujer puso una denuncia por unos daños en su coche. Al comienzo no sabía quién había sido pero ahora sí, y ha ampliado la demanda?, resume. La abogada vuelve a la primera página, busca el nombre del imputado y sale a preguntar. Un boda que está sentado en un banco se levanta. La mujer le relata que su esposo tiene dificultades con el alcohol, que no sabe si lo hizo o no, pero es posible porque ese día había bebido y alguien debía de haberle visto. Por eso mismo ya había entregado a la perjudicada 400 euros. ?Me dijo que iba a retirar la denuncia?, concluye. ?Pues no sólo no la ha retirado sino que la ha ampliado, y reclama 900″, prevée la letrada. Ante la incredulidad de la pareja, aconseja al esposo que declare lo que le ha contado, que no se acordaba de nada, y les recomienda aportar informes galenos que acrediten su asunto con la bebida. Y como el boda reconoce que tiene ingresos sobresalientes a os exigidos, Lourdes les explica que esa primera asistencia es gratuita, pero que si desean seguir adelante con el proceso deberán emplear un abogado particular. Eos se apuntan su teléfono. Las primera declaración judiciales y policiales suelen tener más peso que las posteriores por su espontaneidad, porque se supone que puede estar menos preparadas que las restantes. Pero en el caso que le necesita en el juzgado de guardia, es tal la rotundidad con la que un fornido rumano defiende su inocencia que no es indispensable aconsejarle. Esposado, y en perfecto español, explica a la abogada que no tiene nada que ver, que nunca ha abierto las cuentas bancarias que figuran a su nombre y en las que según las denuncias de dos juzgados catalanes se ingresó el dinero de una estafa. Al finalizar su declaración, Lourdes le aconseja buscarse un abogado de oficio en Cataluña para seguir el caso. El busca agrada a la tarde A la abogada le acompaña mientras la mañana Casandra Rodríguez San Pedro, alumno de 4º de Derecho de la UPNA. Manera fracción de sus prácticas. ?Antes hemos estado con ése?, señala a un tio que camina esposado entre dos factores de la Policía Foral. ?Estaba en rebeldía y le han detenido porque tenía muchas denuncias por conducir bebido y con el carné retirado. Y ahora que han conseguido detenerlo se va a pegar toda la mañana de un juzgado a otro ...?, cuenta entretenida. Os delitos de tráfico y os casos de violencia de género suponen casi la mitad de os servicios que necesitan el servicio de os abogados de oficio. Le siguen muy de cerca os robos. Y el último caso de la mañana trata sobre un hurto. En las diligencias que lee antes de hablar con su cliente figuran os fotogramas de la cámara de seguridad de un instituto comercial en os que se ve al detenido cómo introduce una bicicleta de 1.600 euros en el ascensor. En su declaración judicial, asegura a preguntas del empleado que la bicicleta se encontraba en las escaleras, que no estaba a la venta y que se la llevó a casa en el coche. Cuando la policía se presentó en su casa, la devolvió. ?Voluntariamente, ¿no?, le interrumpe la abogada . ?Sí?, responde. ?Deje constancia que devolvió la bicicleta de manera voluntaria?, subraya la letrada al empleado. A la una y media finaliza su obligación de permanecer en el Palacio de Justicia. Ha asistido a nueve personas en casi cuatro horas. Pero su busca Seguid activo. Hasta las nueve y media de la mañana puede regresar a silbar para asistir a detenidos en comisaría. De ahí que os días en que le toca el turno de oficio (una vez por trimestre en cada uno de os 15 servicios a os que está apuntada) vacía su agenda de citas particulares. ?Suelen ser jornadas movidas, y con dos hijas de 5 y 9 años mucho más...?. El busca le da la razón a las 17.45, cuando le pita para asistir a dos detenidos por drogas que se descubre en las dependencias de la Policía Foral. ?No parece mayor cosa?, adelanta. A las 20.30 regresa a casa, con sus defendidos en libertad. Cada vez es menos habitual, pero en casos urgentes puede ser requerida madrugada. Hoy, a las 9.30 horas, entregará el busca a otro compañero, el turno de oficio jamás descansa Por Gabriel Gonzále , en diariodenavarra.es